viernes, 1 de abril de 2016

ACOSO Y DERRIBO


ACOSO Y DERRIBO
 



Ayer se informó a la Corporación Municipal, en un Pleno Ordinario convocado la tarde del pasado jueves, que tras la apertura de un expediente disciplinario contra dos empleados del Ayuntamiento y su correspondiente tramitación, este se ha concluido con una sanción a dichos empleados de seis meses de suspensión de empleo y sueldo, acusados y sancionados por supuestas irregularidades y “sabotajes” en la red de abastecimiento de agua potable en Castril y su término.
Sobra decir que los motivos argumentados para llevar a cabo esta barbaridad son tan burdos, falsos y malintencionados que solo se entienden viniendo de quien vienen las acusaciones.
Este tipo de situaciones solo tienen cabida en alguien tan malicioso y desalmado que no repara en el daño que causa y que para perpetrar su venganza sin sentido carga contra quien sea, inventando pruebas, delitos y “conspiraciones” y usando para ello todo tipo de falsedades y argucias legales vergonzantes que, en todo caso, un Juez desmontará y condenará,  devolviendo sus derechos laborales y su dignidad a los empleados represaliados.
Pero no olvidemos que un Alcalde está rodeado de un equipo de gobierno, que en el caso de Castril lo conforman seis Concejales, y todos ellos y ellas, Alfonso, Juan Manuel, Sonia, Toñi y Clemente, son tan responsables como el Alcalde en lo que está ocurriendo, ya sea por acción o por omisión, porque no vale con ponerse de perfil y decir en voz baja que no se está conforme con algo cuando al final sale adelante con la complicidad y apoyo de los seis.   
 
 La Constitución Española reconoce como derechos fundamentales de los españoles la dignidad de la persona, (artículo 10), así como la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes (artículo 15), y el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18); y encomienda al tiempo a los poderes públicos, en el artículo 40.2, el velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
En desarrollo de los anteriores principios, en los primeros meses del año 2007 se promulgan, entre otras, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuyo artículo 95, punto 2, se tipifica como falta disciplinaria de carácter muy grave, el acoso laboral (artículo 95.2, letra o).
Lo inaceptable de estas conductas ha sido igualmente sancionado en la reciente reforma del Código Penal, a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que señala, en su preámbulo XI, que «dentro de los delitos de torturas y contra la integridad moral, se incrimina la conducta de acoso laboral, entendiendo por tal el hostigamiento psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad».
Finalmente, también en el ámbito europeo son múltiples las referencias al acoso en el lugar de trabajo, de las que destacaremos aquí únicamente la Resolución del Parlamento Europeo sobre el acoso moral en el lugar de trabajo (2001/2339) que, entre otras cosas, recomienda a los poderes públicos de cada país la necesidad de poner en práctica políticas de prevención eficaces y definir procedimientos adecuados para solucionar los problemas que ocasiona.
Todas estas referencias e iniciativas no hacen sino plantear la actualidad de esta problemática, y recoger y trasladar al ámbito de la función pública la necesidad de hacer frente a la misma. Por un lado, enfatizando el repudio de las conductas de acoso en el trabajo, como es el caso de lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Castril y por otro y de forma coherente, planteando acciones de prevención y de sanción de las mismas cuando estas se produzcan.