jueves, 16 de abril de 2015

INVESTIGADO.

A nadie se le escapa que el único y verdadero objetivo del cuatripartito que ha gobernado Castril estos últimos cuatro años era, literalmente, acabar conmigo, al precio y por los medios que fueran.

La gestión realizada por los integrantes del cuatripartito, especialmente por Miguel Pérez y por la Concejala de IU, se ha centrado en el encargo de una presunta “Auditoría”, usada después como arma para denunciar supuestas irregularidades que a la postre han quedado en entredicho.

No hay que olvidar, porque es muy llamativo, que esta “auditoría” fue encargada a uno de los componentes de la lista electoral de Miguel Pérez, en lo que supone una de las más flagrantes vulneraciones del Código Ético de los auditores y no es la única.

Qué decir del Secreto Profesional, porque el Auditor debe mantener la confidencialidad de la información obtenida en el curso de sus actuaciones y ha de mantener estricta confidencialidad sobre toda la información adquirida en el transcurso de la Auditoría. Algo que el auditor Franci Ortiz Soria olvidó, publicando datos e informaciones en redes sociales o filtrándolos a los medios de comunicación. Aunque el Sr. Franci Ortiz fuera un empleado de la empresa de auditores, esta tiene, asimismo, el deber de garantizar el secreto profesional en las actuaciones de sus ayudantes y colaboradores. Por último, la información obtenida en el transcurso de sus actividades de Auditoría no podrá ser utilizada en su provecho ni en el de terceras personas.

También olvidó el susodicho que para ser y parecer independiente, el Auditor no debe tener intereses ajenos a los profesionales, ni estar sujeto a influencias susceptibles de comprometer tanto la solución objetiva de los problemas que puedan serle sometidos, como la libertad de expresar su opinión profesional. El Auditor debe ser siempre independiente y abstenerse de aceptar el encargo de Auditoría en todos aquellos casos en que incurra en una situación incompatible con el ejercicio de sus funciones y, en concreto, en los casos contemplados por la Ley y el Código de Ética Profesional.

  Por otro lado, como ya he manifestado en multitud de ocasiones,  las competencias para el ejercicio de la función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia en el ámbito local, corresponden en exclusiva a funcionarios públicos, en concreto y en el caso que nos ocupa, a la Secretaria Interventora, en tal sentido se ha pronunciado el Tribunal de Cuentas en varias ocasiones.

Por eso, basta con leer el siguiente informe de la Secretaría para entender la poca legitimidad y veracidad de la dichosa “auditoría” que sirvió de base para denunciarme.














En vista a lo que me ha pasado a mí, a la utilización maliciosa de la Justicia, el político que simplemente está imputado, sin subir otro escalón en su consideración procesal, en mi opinión, no ha de ser apartado de una candidatura electoral sin más.

Es obvio que la judicialización de la vida política hace que constituya un "estigma" el término imputado y al denunciarme y dar publicidad mediática a esas denuncias son conscientes de   que el término 'imputado' parece vinculado de forma inevitable con la culpabilidad.

Pero el derecho de presunción de inocencia corresponde a todo imputado en un proceso penal a ser tratado como si fuese inocente, hasta que una sentencia firme establezca su condena.
Dicho derecho constituye uno de los pilares básicos del sistema penal de los Estados democráticos, recogido en distintos instrumentos internacionales.

Por eso, según nuestro Tribunal Constitucional, la presunción de inocencia, como regla de tratamiento, determina que el imputado ha de ser tratado como si fuese inocente, hasta que una condena definitiva no demuestre lo contrario.

Para el bloguero y su cuadrilla, el principio de presunción de inocencia no existe, al menos en mi caso, y se  olvida de que los únicos que pueden aplicar el peso de la ley son los jueces o tribunales, tras la práctica de las correspondientes pruebas de cargos por parte de las acusaciones.

Nos cuenta Paquito, en su línea habitual, que ha realizado algunas pesquisas y que ha podido saber que solo de una acusación de las nueve denuncias que tengo interpuestas se habría pedido el archivo, aunque también este archivo ha sido recurrido.

Le recomiendo que revise sus fuentes y afine sus pesquisas, porque por más que les duela no es ese el escenario actual de mi situación procesal.

En todo caso, el próximo mes de mayo, el PSOE local presentará una lista electoral renovada, preparada para recuperar la alcaldía, para devolver a Castril y a sus vecinos el pulso y la vitalidad que, tras cuatro años nefastos, se han perdido.


En otro orden de cosas, me llama la atención el poco interés que le han suscitado a Paquito del Río las dos imputaciones del ex Alcalde, Miguel Pérez. Parece que no son de su interés y no considera oportuno emitir sobre ellas sus concienzudas opiniones y críticas. Quizás no tiene nada que decir  de quien ha compartido con IU la responsabilidad en el gobierno local.  Por eso aquí de doy algunos datos para que dé su versión.






jueves, 9 de abril de 2015

MEDALLAS Y CAMINOS.


Acostumbrados como están a apropiarse del trabajo y las gestiones de los demás, basta con repasar las placas que han colocado para colgarse  las medallas en el Castillo o en el Colegio de Almontaras, por ejemplo, no es de extrañar que ahora quieran hacer suya la gestión por la cual se están arreglado varios caminos en la sierra de Castril. 

Que lo de Miguel Pérez no tiene nombre es un clamor, cada día da más pistas de lo desequilibrado que está y del ataque de nervios previo a las elecciones municipales del próximo mes de Mayo.

Menos mal que se ha dignado a destacar el trabajo de la Asociación de Ganaderos, de cuya dirección, por cierto, forma parte la Concejala del PSOE Silvia Alcázar.  Aunque es llamativo este reconocimiento público al Presidente de los Ganaderos y a su asociación, cuando este Equipo de Gobierno, en cuya Comisión de Gobierno está D. Miguel Pérez, se haya negado reiteradamente a atender a esta asociación y a sus responsables en sus demandas y reivindicaciones.   

Dice Miguel Pérez, en referencia al arreglo de los caminos en la Sierra, que “Esto se consigue gracias al empeño y trabajo de Manuel Torreblanca Martínez, presidente de la Asociación de Ganaderos de Castril”.  Añade que “Los méritos deben ser para quien se los merezca” y es cierto, porque en este tema, como en el colegio de Almontaras, en el Castillo, etc., etc.… él y sus colegas de gobierno tienen pocos o ninguno.


Lo cierto y verdad es que las inversiones destinadas a estos arreglos de caminos por los que el ex Alcalde se felicita, como si fueran cosa suya, vienen de la Consejería de Medio Ambiente, es decir de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE y se gestionaron en la anterior legislatura, por lo que, en su consecución, ni él, ni el Alcalde del PP, han tenido nada que ver, si a caso, alguna pega o traba para torpedear su ejecución. 

El plan acordado entonces, del que guardaba este borrador, era este. 


miércoles, 1 de abril de 2015

DE UN EX DESQUICIADO QUE RENIEGA DE LO VOTADO.




Es increíble cómo se empeña D. Miguel Pérez, de odio ciego, en decir “digo” donde dijo “diego”. 

Tras votar a favor de la ampliación de  la concesión en la gestión del camping municipal, él y la Concejala de su partido, Eva Carrasco, ahora está echando el resto para convencernos de que no votó lo que votó y que todo se debe, como no, a una conspiración planetaria para atacarle.

No sé si alguien se creerá tal patraña, aunque hay gente para todo en nuestra España, pero los hechos y los papeles cantan y no puede cambiar la verdad, por más que insista con esta liosa maraña.  

Pero en lo que nunca repara Miguel Pérez es que con sus ataques y en sus locas actuaciones, siempre hay daños colaterales a gente que no tiene culpa de sus acciones.

Digo esto porque Miguel Pérez ha mentido descaradamente en el escrito que ha difundido y ha acusado a los actuales gerentes del Camping de irregularidades que no han cometido.

Afirma Miguel Pérez en su escrito de justificación para negar su voto afirmativo a la ampliación de la mentada concesión, que durante 20 años los responsables de la gestión del camping no han pagado el canon de su explotación. Pero miente a sabiendas y con mala intención.   

Porque no han pasado ni diez años desde que los actuales gestores del camping municipal en cuestión se hicieron cargo de su gestión.

Y sí, si es verdad que desde entonces no habrían pagado el canon acordado, aunque no es menos cierto y contrastado que a lo largo de estos años se han ejecutado numerosas obras de mejora para que el equipamiento estuviera bien acondicionado y que esas inversiones, en un momento dado, podrían hacerse considerado como inversiones a cuenta del canon estipulado. No ha sido así y el canon no ha podido ser compensado, porque en el contrato de adjudicación firmado  no estaba estipulado.

En todo caso, para que el plazo de adjudicación pudiera ser ampliado, la empresa habrá de pagar al Ayuntamiento todo lo adeudado, y para ello ha acordado y firmado un plan de pago fraccionado.

Dice el ex Alcalde alocado, según el escrito publicado, que los actuales gestores del camping mencionado no han pagado los impuestos municipales desde que lo tienen adjudicado, pero yo mismo he comprobado que tal argumento es falso y malintencionado, tanto que espero que D. Miguel Pérez tenga que demostrar tal injuria en el Juzgado. Porque una cosa es el canon citado y otra bien distinta son los impuestos municipales a los que cada empresa o ciudadano  está obligado.

Debería Miguel Pérez  ser siempre y no sólo en ocasiones, tan diligente en sus denuncias y objetivo en sus reclamaciones, porque no le he oído reclamar, denunciar o poner objeciones, a que a una empresaria con muchos galones le pongan farolas a porrillo con alumbrado público en sus instalaciones, cuando, estas sí,  no han pagado los impuestos a que estaban obligadas por las licencias de las obras o de actividad, entre otras tasas y contribuciones.  

Es un misterio que habrá de ser descifrado, adivinar quién o quienes habrán presionado a este ex Alcalde tan desquiciado, para hacerle cambiar de opinión y repudiar lo votado, intentando esconder con argumentos, cada cual más alocado, que votó a favor de un acuerdo plenario, sin objetar nada o ser presionado.   

Ni que decir tiene que de los hechos que sí son reales, el primero es que yo no voté este acuerdo ya que no asistí al Pleno por cuestiones laborales.

La segunda de las cuestiones es que Miguel Pérez votó a favor del acuerdo y no puso impedimentos, ni planteó objeciones, es más, defendió el acuerdo y sus condiciones, y por ello se enfrentó con la Concejala del GIC con agrios cruces exabruptos y recriminaciones.  


Y como colofón, dedicado al actual Alcalde de la Corporación, una consideración sobre el mensaje de Facebook que dejó publicado a cuenta de esta cuestión. Dice y lleva razón, que el Ayuntamiento lo componen los 11 concejales de la Corporación y que el Alcalde acata las decisiones que se toman aprobadas en Pleno por la mayoría de los Concejales tras la votación.

Pero en este caso en concreto hay que hacer una puntualización y es que el acuerdo que se adoptó en el Pleno en cuestión, el que Miguel Pérez apoyó sin objeción, fue una proposición presentada por el Alcalde Javier Dengra y como tal se planteó  para su estudio y aprobación.