jueves, 16 de abril de 2015

INVESTIGADO.

A nadie se le escapa que el único y verdadero objetivo del cuatripartito que ha gobernado Castril estos últimos cuatro años era, literalmente, acabar conmigo, al precio y por los medios que fueran.

La gestión realizada por los integrantes del cuatripartito, especialmente por Miguel Pérez y por la Concejala de IU, se ha centrado en el encargo de una presunta “Auditoría”, usada después como arma para denunciar supuestas irregularidades que a la postre han quedado en entredicho.

No hay que olvidar, porque es muy llamativo, que esta “auditoría” fue encargada a uno de los componentes de la lista electoral de Miguel Pérez, en lo que supone una de las más flagrantes vulneraciones del Código Ético de los auditores y no es la única.

Qué decir del Secreto Profesional, porque el Auditor debe mantener la confidencialidad de la información obtenida en el curso de sus actuaciones y ha de mantener estricta confidencialidad sobre toda la información adquirida en el transcurso de la Auditoría. Algo que el auditor Franci Ortiz Soria olvidó, publicando datos e informaciones en redes sociales o filtrándolos a los medios de comunicación. Aunque el Sr. Franci Ortiz fuera un empleado de la empresa de auditores, esta tiene, asimismo, el deber de garantizar el secreto profesional en las actuaciones de sus ayudantes y colaboradores. Por último, la información obtenida en el transcurso de sus actividades de Auditoría no podrá ser utilizada en su provecho ni en el de terceras personas.

También olvidó el susodicho que para ser y parecer independiente, el Auditor no debe tener intereses ajenos a los profesionales, ni estar sujeto a influencias susceptibles de comprometer tanto la solución objetiva de los problemas que puedan serle sometidos, como la libertad de expresar su opinión profesional. El Auditor debe ser siempre independiente y abstenerse de aceptar el encargo de Auditoría en todos aquellos casos en que incurra en una situación incompatible con el ejercicio de sus funciones y, en concreto, en los casos contemplados por la Ley y el Código de Ética Profesional.

  Por otro lado, como ya he manifestado en multitud de ocasiones,  las competencias para el ejercicio de la función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia en el ámbito local, corresponden en exclusiva a funcionarios públicos, en concreto y en el caso que nos ocupa, a la Secretaria Interventora, en tal sentido se ha pronunciado el Tribunal de Cuentas en varias ocasiones.

Por eso, basta con leer el siguiente informe de la Secretaría para entender la poca legitimidad y veracidad de la dichosa “auditoría” que sirvió de base para denunciarme.














En vista a lo que me ha pasado a mí, a la utilización maliciosa de la Justicia, el político que simplemente está imputado, sin subir otro escalón en su consideración procesal, en mi opinión, no ha de ser apartado de una candidatura electoral sin más.

Es obvio que la judicialización de la vida política hace que constituya un "estigma" el término imputado y al denunciarme y dar publicidad mediática a esas denuncias son conscientes de   que el término 'imputado' parece vinculado de forma inevitable con la culpabilidad.

Pero el derecho de presunción de inocencia corresponde a todo imputado en un proceso penal a ser tratado como si fuese inocente, hasta que una sentencia firme establezca su condena.
Dicho derecho constituye uno de los pilares básicos del sistema penal de los Estados democráticos, recogido en distintos instrumentos internacionales.

Por eso, según nuestro Tribunal Constitucional, la presunción de inocencia, como regla de tratamiento, determina que el imputado ha de ser tratado como si fuese inocente, hasta que una condena definitiva no demuestre lo contrario.

Para el bloguero y su cuadrilla, el principio de presunción de inocencia no existe, al menos en mi caso, y se  olvida de que los únicos que pueden aplicar el peso de la ley son los jueces o tribunales, tras la práctica de las correspondientes pruebas de cargos por parte de las acusaciones.

Nos cuenta Paquito, en su línea habitual, que ha realizado algunas pesquisas y que ha podido saber que solo de una acusación de las nueve denuncias que tengo interpuestas se habría pedido el archivo, aunque también este archivo ha sido recurrido.

Le recomiendo que revise sus fuentes y afine sus pesquisas, porque por más que les duela no es ese el escenario actual de mi situación procesal.

En todo caso, el próximo mes de mayo, el PSOE local presentará una lista electoral renovada, preparada para recuperar la alcaldía, para devolver a Castril y a sus vecinos el pulso y la vitalidad que, tras cuatro años nefastos, se han perdido.


En otro orden de cosas, me llama la atención el poco interés que le han suscitado a Paquito del Río las dos imputaciones del ex Alcalde, Miguel Pérez. Parece que no son de su interés y no considera oportuno emitir sobre ellas sus concienzudas opiniones y críticas. Quizás no tiene nada que decir  de quien ha compartido con IU la responsabilidad en el gobierno local.  Por eso aquí de doy algunos datos para que dé su versión.






martes, 14 de abril de 2015

PRE CAMPAÑA Y OPORTUNISMO.




No hace mucho que escribía Javier Dengra que el Ayuntamiento lo componen 11 Concejales y que El alcalde acata las decisiones que toman aprobadas en pleno por la mayoría de los Concejales.

Escribía esto, precisamente en el muro de Facebook de su socio de gobierno Miguel Pérez,  para quitarse responsabilidad en el acuerdo adoptado respecto a la ampliación de la concesión del camping, como si la propuesta no hubiera sido suya.

Pero lo cierto es que es el Alcalde el que presenta las propuestas al Pleno para su debate y votación y propone y lleva a la sesión lo que le parece oportuno. En estos cuatro años el PSOE ha presentado infinidad de Mociones y propuestas que  nunca se han llevado a Pleno, algo absolutamente ilegal y antidemocrático, pero que pone de manifiesto la potestad de la Alcaldía.

Pero lo que nos ocupa hoy es la decisión unilateral y sorpresiva de cambiar el nombre al antiguo teatro municipal que en la mañana de ayer apareció renombrado como “TEATRO MANUEL CARRA”, pese a que desde los años 20 del siglo pasado se llamaba TEATRO CALDERÓN de la BARCA”.

Vaya por delante mi total respeto y aprecio por el fallecido torero y artista castrileño, que sin duda merece el reconocimiento de los vecinos de Castril. Pero, en el caso que nos ocupa, considero que una decisión como esta, me refiero al cambio de nombre de un equipamiento municipal, se requería del acuerdo de los vecinos o, como mínimo de la Corporación castrileña.   


Por otro lado, el actual Alcalde se ha olvidado que en estas fechas preelectorales no se puede inaugurar nada, ni poner placas electoralistas.


jueves, 9 de abril de 2015

MEDALLAS Y CAMINOS.


Acostumbrados como están a apropiarse del trabajo y las gestiones de los demás, basta con repasar las placas que han colocado para colgarse  las medallas en el Castillo o en el Colegio de Almontaras, por ejemplo, no es de extrañar que ahora quieran hacer suya la gestión por la cual se están arreglado varios caminos en la sierra de Castril. 

Que lo de Miguel Pérez no tiene nombre es un clamor, cada día da más pistas de lo desequilibrado que está y del ataque de nervios previo a las elecciones municipales del próximo mes de Mayo.

Menos mal que se ha dignado a destacar el trabajo de la Asociación de Ganaderos, de cuya dirección, por cierto, forma parte la Concejala del PSOE Silvia Alcázar.  Aunque es llamativo este reconocimiento público al Presidente de los Ganaderos y a su asociación, cuando este Equipo de Gobierno, en cuya Comisión de Gobierno está D. Miguel Pérez, se haya negado reiteradamente a atender a esta asociación y a sus responsables en sus demandas y reivindicaciones.   

Dice Miguel Pérez, en referencia al arreglo de los caminos en la Sierra, que “Esto se consigue gracias al empeño y trabajo de Manuel Torreblanca Martínez, presidente de la Asociación de Ganaderos de Castril”.  Añade que “Los méritos deben ser para quien se los merezca” y es cierto, porque en este tema, como en el colegio de Almontaras, en el Castillo, etc., etc.… él y sus colegas de gobierno tienen pocos o ninguno.


Lo cierto y verdad es que las inversiones destinadas a estos arreglos de caminos por los que el ex Alcalde se felicita, como si fueran cosa suya, vienen de la Consejería de Medio Ambiente, es decir de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE y se gestionaron en la anterior legislatura, por lo que, en su consecución, ni él, ni el Alcalde del PP, han tenido nada que ver, si a caso, alguna pega o traba para torpedear su ejecución. 

El plan acordado entonces, del que guardaba este borrador, era este. 


miércoles, 1 de abril de 2015

DE UN EX DESQUICIADO QUE RENIEGA DE LO VOTADO.




Es increíble cómo se empeña D. Miguel Pérez, de odio ciego, en decir “digo” donde dijo “diego”. 

Tras votar a favor de la ampliación de  la concesión en la gestión del camping municipal, él y la Concejala de su partido, Eva Carrasco, ahora está echando el resto para convencernos de que no votó lo que votó y que todo se debe, como no, a una conspiración planetaria para atacarle.

No sé si alguien se creerá tal patraña, aunque hay gente para todo en nuestra España, pero los hechos y los papeles cantan y no puede cambiar la verdad, por más que insista con esta liosa maraña.  

Pero en lo que nunca repara Miguel Pérez es que con sus ataques y en sus locas actuaciones, siempre hay daños colaterales a gente que no tiene culpa de sus acciones.

Digo esto porque Miguel Pérez ha mentido descaradamente en el escrito que ha difundido y ha acusado a los actuales gerentes del Camping de irregularidades que no han cometido.

Afirma Miguel Pérez en su escrito de justificación para negar su voto afirmativo a la ampliación de la mentada concesión, que durante 20 años los responsables de la gestión del camping no han pagado el canon de su explotación. Pero miente a sabiendas y con mala intención.   

Porque no han pasado ni diez años desde que los actuales gestores del camping municipal en cuestión se hicieron cargo de su gestión.

Y sí, si es verdad que desde entonces no habrían pagado el canon acordado, aunque no es menos cierto y contrastado que a lo largo de estos años se han ejecutado numerosas obras de mejora para que el equipamiento estuviera bien acondicionado y que esas inversiones, en un momento dado, podrían hacerse considerado como inversiones a cuenta del canon estipulado. No ha sido así y el canon no ha podido ser compensado, porque en el contrato de adjudicación firmado  no estaba estipulado.

En todo caso, para que el plazo de adjudicación pudiera ser ampliado, la empresa habrá de pagar al Ayuntamiento todo lo adeudado, y para ello ha acordado y firmado un plan de pago fraccionado.

Dice el ex Alcalde alocado, según el escrito publicado, que los actuales gestores del camping mencionado no han pagado los impuestos municipales desde que lo tienen adjudicado, pero yo mismo he comprobado que tal argumento es falso y malintencionado, tanto que espero que D. Miguel Pérez tenga que demostrar tal injuria en el Juzgado. Porque una cosa es el canon citado y otra bien distinta son los impuestos municipales a los que cada empresa o ciudadano  está obligado.

Debería Miguel Pérez  ser siempre y no sólo en ocasiones, tan diligente en sus denuncias y objetivo en sus reclamaciones, porque no le he oído reclamar, denunciar o poner objeciones, a que a una empresaria con muchos galones le pongan farolas a porrillo con alumbrado público en sus instalaciones, cuando, estas sí,  no han pagado los impuestos a que estaban obligadas por las licencias de las obras o de actividad, entre otras tasas y contribuciones.  

Es un misterio que habrá de ser descifrado, adivinar quién o quienes habrán presionado a este ex Alcalde tan desquiciado, para hacerle cambiar de opinión y repudiar lo votado, intentando esconder con argumentos, cada cual más alocado, que votó a favor de un acuerdo plenario, sin objetar nada o ser presionado.   

Ni que decir tiene que de los hechos que sí son reales, el primero es que yo no voté este acuerdo ya que no asistí al Pleno por cuestiones laborales.

La segunda de las cuestiones es que Miguel Pérez votó a favor del acuerdo y no puso impedimentos, ni planteó objeciones, es más, defendió el acuerdo y sus condiciones, y por ello se enfrentó con la Concejala del GIC con agrios cruces exabruptos y recriminaciones.  


Y como colofón, dedicado al actual Alcalde de la Corporación, una consideración sobre el mensaje de Facebook que dejó publicado a cuenta de esta cuestión. Dice y lleva razón, que el Ayuntamiento lo componen los 11 concejales de la Corporación y que el Alcalde acata las decisiones que se toman aprobadas en Pleno por la mayoría de los Concejales tras la votación.

Pero en este caso en concreto hay que hacer una puntualización y es que el acuerdo que se adoptó en el Pleno en cuestión, el que Miguel Pérez apoyó sin objeción, fue una proposición presentada por el Alcalde Javier Dengra y como tal se planteó  para su estudio y aprobación.    


lunes, 30 de marzo de 2015

EL ENAJENADO QUE VOTÓ LO QUE DICE NO HABER VOTADO.




Lo del ex Alcalde no tiene explicación, salvo que se encuentre afectado por alguna demencia que le nubla en seso y la razón.

Como quedó reflejado en el acta de aquella sesión, la del Pleno de la Corporación que abordaba el asunto del camping y la prórroga de su concesión. El ex Alcalde Miguel Pérez y la otra Concejala de su formación, votaron a favor de ampliar por veinte años la concesión del camping, tal como proponía el Alcalde Javier Dengra en su moción.

Miguel Pérez no manifestó ninguna objeción, voto SI y así lo refleja el Acta de la Sesión, pero alguien le ha dicho que erró en la votación y ahora quiere cambiar  el sentido del voto que emitió en dicha sesión.

Para sustentar esa nueva opinión, echa mano del viejo argumento de la “conspiración” y cae en el más absoluto ridículo ante tan infantil posición.

Los Concejales del PSOE no asistimos al Pleno en el que se trató la controvertida cuestión, por tanto ni votamos que SI, ni que NO, ni  optamos por la abstención.  Por tanto, es absurdo hacernos responsables del sentido de la votación.  

Pero en su ida de olla y como excusa para “borrar” que votó a favor de la ampliación de la citada concesión, el ex Alcalde escribe en Facebook una nueva e hilarante versión;  “El gran manipulador de la información consiguió con su voto y el de su sumiso grupo aprobar el acta que concede otros veinte años de prórroga del camping municipal El Ángel a la misma persona”.

¡Pero en qué quedamos! Es que el ex Alcalde no sabe lo que vota, cuando votamos. Porque en el Pleno que mencionamos, D. Miguel Pérez y Eva Carrasco votaron que SI a la ampliación de la concesión de la que hablamos y no pusieron objeción alguna que conste en acta o que sepamos.    

Puede acontecer que alguien le haya obligado a  cambiar de posición y parecer, me imagino quien o quienes pueden ser,  aunque por el parentesco que les une con los responsables del camping, es tan penoso como difícil de creer.

 En su estrafalaria enajenación, el ex Alcalde  continúa con su alocada versión;

“Que triste, que manipulación del Sr López Ródenas para seguir cometiendo injusticias incluso desde la oposición. Al Camping El Angel podrían haber participado o concursado en su licitación, por lo tanto en su posibilidad de gestión, muchas personas o familias de Castril que hubieran tenido una oportunidad de buscarse su puesto de trabajo y medio de vida en este bonito paraje. VERGONZOSO E INJUSTO”.

Tras leer tal argumentación, lo que nadie se explica es por qué Miguel Pérez  votó que SI a la ampliación con tanta convicción, sin poner pega alguna o condición y cuál es la razón por la que ahora quiere esconder su actuación, culpando a quienes ni siquiera participamos en la votación.  Demencia, enajenación, odio, envidia o pura obsesión.

Siempre he pensado que el odio es un lastre que te hace desgraciado y la vida demasiado corta para pasarla cabreado, pero Miguel Pérez todavía no se ha enterado.
Salvo mentir y fingir, Miguel Pérez es de los que no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, por ejemplo PROMETER y CUMPLIR...


En esta ocasión y sobre esta cuestión, voy a meter en mi cuenta del “banco” la opinión del chalado personaje a que hacemos mención, para ver si en unos años me genera algún interés que sea digno de consideración.




FUMEMOS.





En el blog de Paquito leemos que del 10 % de votos obtenidos en Castril por Podemos,  más de la mitad provienen de IU y le creemos.

Pero no nos engañemos, que eso se debería a que el pacto de gobierno sostenido con el PSOE en la Junta no ha sido del agrado de los votantes de IU en Castril, no lo creemos.  

 Lo que sí sabemos es que “significados” militantes de IU en Castril se han incorporado a Podemos.


Conociendo una trayectoria política, cuando menos, peculiar, que uno de los que han abandonado IU sea el propio Paquito del Río no es de extrañar, que el que ahora quiere mangonear en Podemos para medrar,  antes fuera el Coordinador General de IU Castril y artífice del cuatripartito que se llegó a pactar, como poco,  da que pensar. 

viernes, 27 de marzo de 2015

DONDE DIJE DIGO........

Hoy hemos celebrado un Pleno Ordinario al efecto convocado, y hemos asistido a un nuevo sainete disparatado, que, por descontado, el ex alcalde Miguel Pérez ha protagonizado.

Todo a cuenta de la aprobación del acta del último Pleno celebrado, en el que se trató, y fue aprobado, el punto del orden del día en el que se concedía la prórroga en la concesión del camping municipal que los actuales gestores habían solicitado.

El ex Alcalde citado, un Miguel Pérez, si cabe, aun más desquiciado, pretendía cambiar el sentido de su voto con un argumento descabellado. Al parecer, según ha argumentado, todo lo ocurrido en el Pleno mencionado, obedecía a un maquiavélico plan que yo habría diseñado.

La Secretaria del Ayuntamiento le ha contestado, con una dureza que hasta la fecha nunca había usado, y con argumentos ha desmontado la ida de olla que el ex Alcalde había planteado.


Miguel Pérez, desencajado,  quería desdecirse de su voto afirmativo con el que la concesión se ha ampliado, pero lo que ha quedado evidenciado que Miguel Pérez votó a favor del acuerdo de Pleno por el que la ampliación de la concesión del Camping se ha ampliado.       



      

martes, 3 de marzo de 2015

OTRA.

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN UNICO DE HUESCAR ACUERDA EL ARCHIVO DE OTRA DE LAS DENUNCIAS QUE IZQUIERDA UNIDA Y NUEVO CASTRIL INTERPUSIERON EN LA FISCALÍA CONTRA EL EX ALCALDE DE CASTRIL, JOSÉ JUAN LÓPEZ RÓDENAS.   




El pasado 25 de Febrero el Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Huéscar acordó el sobreseimiento y archivo de la causa abierta contra el ex Alcalde de Castril, el socialista José Juan López Ródenas, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. Si bien, las acusaciones particulares pueden presentar recursos contra este archivo, como vienen haciendo hasta la fecha con los anteriores autos de archivo dictados por el Juzgado de Huéscar.    

Tras las diligencias previas llevadas a cabo por el Juez de Huéscar y de todo lo actuado no se ha apreciado irregularidad alguna cometida por el ex Alcalde castrileño.

La denuncia estaba basada en las conclusiones del informe de la controvertida “auditoría”, que recogía que el gasto en “taxis” entre el 1 de enero de 2008 y el 11 de junio de 2011 ascendía a la cantidad total de 47.246.99 euros, lo que suponía un supuesto gasto medio de 13.500 euros anuales en taxis por parte del ex Alcalde socialista.  Sin embargo, tras las diligencias previas, las declaraciones de los testigos citados y con la documentación aportada por el Ayuntamiento de Castril, ha quedado acreditado que tal acusación era falsa y que los gastos atribuidos al Ex Alcalde en exclusiva,  eran en realidad del montante total de la partida presupuestaria habilitada para todos los viajes y transportes sufragados por el Ayuntamiento, que, además de los viajes del ex Alcalde,  incluía los desplazamientos de otros concejales, empleados municipales, de diversas asociaciones, ya sean culturales o de mujeres o de los servicios sociales.  Así mismo quedó acreditado que los viajes realizados por el ex Alcalde eran en representación del Ayuntamiento y en ningún caso a título personal o privado.

Conviene recordar que cada vez que un Alcalde, un Concejal o un empleado público, realizan un viaje para desarrollar alguna gestión municipal cobran una dieta de desplazamiento pagada por la administración, en este caso por el Ayuntamiento. Todos los castrileños y castrileñas saben que el ex Alcalde socialista no tiene vehículo propio y que siempre se ha desplazado en transporte público, como era el del taxista local señalado, pero nunca ha presentado dietas por desplazamiento, ni las ha cobrado, simplemente se han pagado, entre otros muchos de los antes citados, los gastos en desplazamiento del ex Alcalde, por la misma cantidad que el mismo hubiera cobrado por kilometraje si tuviera coche propio y lo hubiera utilizado para sus desplazamientos.

A juicio del ex Alcalde de Castril, José Juan López, esta y las otras denuncias presentadas, no habrían tenido recorrido alguno si se hubiera tenido en cuenta que todas ellas se basan en una impostura, en una supuesta auditoría contratada al efecto por los denunciantes, ilegal, irregular, parcial e interesada en sus conclusiones.
  


No en vano la presunta “auditoría” que ha servido de base a la Fiscalía para redactar su denuncia contra el ex Alcalde de Castril, José Juan López, no era más que un informe resumido que enumeraba unas supuestas irregularidades, sin documentación que sustentara tales acusaciones y, lo más grave, sin haber sido validado por la Interventora del Ayuntamiento.

Por eso, el Ayuntamiento de Castril, gobernado por el Partido Popular abrió un expediente sancionador a la empresa Auditores Andaluces S.L, autores de la “auditoría” que sirvió de base para que el ex Alcalde Miguel Pérez Jiménez y la Concejala de IU Alicia López Moreno interpusieran varias denuncias contra José Juan López Ródenas, ex Alcalde socialista de Castril.

El Ayuntamiento castrileño concluyó dicho expediente sancionador con la imposición de una multa y el rechazo a dicha auditoría, al considerar que además de haberse incumplido el contrato entre la empresa Auditores Andaluces S.L. y el Ayuntamiento, se han producido daños y perjuicios al Consistorio  por el incumplimiento del contrato y los gastos que ha ocasionado la falta de aportación de documentos que sustenten las acusaciones que generaron la apertura de diligencias en la Fiscalía de Granada y en el Juzgado de Huéscar.

El nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Castril que sustituyó a Miguel Pérez al frente de la Alcaldía de Castril mantiene que a su llegada se encontró con facturas de la empresa auditora presentadas por un trabajo profesional no realizado, encargado dos años antes por el ex Alcalde Miguel Pérez y la Concejal de IU Alicia López, encontrándose el Ayuntamiento imposibilitado para fiscalizar el material de trabajo, sometido a indefensión al haberse aperturado unas diligencias previas de investigación en la Fiscalía, para lo que el Ayuntamiento ha tenido que reconstruir sin criterio unas evidencias denunciadas sobre las que los auditores no han aportado pruebas.     
 
Al contrario de los manifestado por el ex Alcalde de Castril, Miguel Pérez Jiménez y por la Concejala de IU, Alicia López Moreno, el documento presentado por la empresa Auditores Andaluces S.L y que les sirvió para interponer varias denuncias ente la Fiscalía contra José Juan López, dicho informe no era sino una relación de indicios y suposiciones sin sustento documental. En este sentido el Ayuntamiento de Castril recuerda que la práctica habitual de trabajo en estudios de auditorías que se desarrollan en Entidades Locales y también en entidades de derecho privado, sostiene que las conclusiones que se aportan deben estar soportadas en evidencias precisas sobre las que fundamentar suficientemente las afirmaciones que se manifiestan, cosa que en el caso de la “auditoría” citada no ha ocurrido.

Es requisito y parte del propio contrato el aportar cuanta documentación haya sido empleada para la confección del dossier presentado, cosa que el Ayuntamiento de Castril requirió a la empresa Auditores Andaluces S.L.  sin resultados.

Por si fueran pocas las vulneraciones, especialmente en su Código Ético, en que la empresa Auditores Andaluces S.L. incurrió en este asunto, cabe destacar que el trabajo de “campo” fue llevado a cabo por un “auditor” que formaba parte de la candidatura electoral del ex Alcalde Miguel Pérez Jiménez, que además fue el responsable de la filtraciones que se llevaron a cabo a los medios de comunicación contraviniendo los principales principios del Código Ético.



En la Junta de Gobierno del 16 de mayo de 2013, la Secretaria Interventora del Ayuntamiento de Castril, avisó al Alcalde y al resto de los componentes de su Equipo de Gobierno que los trabajos y conclusiones derivados de una auditoría realizada por una empresa privada no tiene efectos jurídicos ni validez por sí misma si no se avalan por quien ostenta la titularidad del control interno del Ayuntamiento, es decir de la Secretaría Intervención, cosa que en el caso que nos ocupa no había sucedido. A pesar de tener conocimiento de este extremo, la Concejala de IU, Alicia López, abusando de su interinidad como Alcaldesa presentó la presente denuncia ante la Fiscalía, sustentada en un informe de los auditores sin terminar, ni validar.







jueves, 26 de febrero de 2015

NADA QUE DECLARAR






En la extensa documentación  enviada a la fiscalía se recogía un informe presentado por Miguel Pérez con fecha de 6 de Junio de 2013 en el registro de entrada del Ayuntamiento, redactado por un técnico que no pertenece a la plantilla municipal, con el que se intentaba justificar el gasto y las obligaciones de gasto generados por el arreglo de varios caminos rurales en el municipio castrileño.  



Miguel Pérez Jiménez habría realizado las obras de arreglo de diversos caminos rurales del municipio, ya sea con medios propios, de la Mancomunidad de Municipios, o con distintas empresas, adjudicando las mismas de forma directa, sin tramitar expediente administrativo de contratación o ejecución de los trabajos, sin oferta pública y sin aprobación previa del órgano del gobierno municipal. Iniciando así una actuación que ni siquiera permitía conocer las características de la obra, ya que no existía estudio previo o aproximado del gasto total, ni consignación presupuestaria para llevarla a cabo.

Según el mismo informe municipal «las obras  se hicieron con ausencia total de procedimiento en cuanto a la ejecución, sin informe alguno de secretaría, del servicio de contratación o de la intervención municipal y sin consignación presupuestaria en el momento de realizarse. Miguel Pérez Jiménez prescindió total y absolutamente de todo procedimiento administrativo, siendo perfecto conocedor de la ilegalidad que estaba cometiendo». 

El actual equipo de Gobierno del que en teoría forma parte el propio grupo municipal de Nuevo Castril de Miguel Jiménez detectó numerosas irregularidades y contradicciones en las obras en cuestión, como caminos que no se han arreglado, un desfase de casi 100.000 euros entre el gasto real y lo facturado, así como en diversos pagos de cantidades abultadas sin justificación. 

 Por si lo anterior no fuera poco, una vez revisadas la facturas y albaranes que se aportan en el informe y que están pendientes de pago, se puede comprobar inicialmente la existencia de «irregularidades en muchas de esas facturas o albaranes, que podrían tener una importante repercusión en el cómputo total de la deuda a la que ha de hacer frente el Ayuntamiento, pudiendo existir falsedades en las mismas o incluso posibles actuaciones fraudulentas». 

Llama la atención  la justificación de gastos ocasionados en combustible y que han sido cargados, según consta en el informe, a las obras de arreglo de caminos rurales. «Pero que son en realidad del personal del Ayuntamiento, del servicio de recogida de basura, de mantenimiento, de la Policía Local, del propio ex alcalde o de personas ajenas al Ayuntamiento, sin relación contractual con el mismo».  

O de albaranes que no están firmados por personas autorizadas o identificadas   y de facturas que como en el caso de una presentada por importe de 47.636, euros, los albaranes que se aportan como justificación del trabajo son de abril y mayo de 2012, mientras que la empresa en cuestión no se habría inscrito en el Registro Mercantil hasta el 2013. «El informe redactado a petición del  Ayuntamiento sobre el arreglo real varios caminos parecen haberse inflado los gastos y falseado documentación». 
  

Miguel Pérez Jiménez incurrió  en una secuencia de actuaciones ilegales y no en un simple incumplimiento ocasional de alguna exigencia legal, puesto que se actuó no solo con desentendimiento de todas ellas, sino utilizando un mecanismo no adecuado, actuando con un criterio opaco allí donde el orden jurídico imponía el máximo de objetividad y transparencia. 


De especial gravedad es «la flagrante ilegalidad detectada en el pago por adelantado autorizado por el ex alcalde Miguel Pérez Jiménez a una empresa del municipio, por un importe de 6.844 euros, a pesar de los reparos de la secretaría interventora, del voto en contra de la Junta de Gobierno Local y, sobre todo, cuando dicha empresa no ha realizado ningún trabajo para el Ayuntamiento».

Lo que dice la Fiscalía en el auto de denuncia es demoledor.





Y como Miguel Pérez, el justiciero de honestidad sin par, no tiene nada que ocultar, interrogado por el Juez, se negó a declarar. 

CHOLLO.

A pesar del tiempo que ya ha pasado nadie nos ha explicado lo que habrá pasado con lo de aquella misteriosa empresa que ofertó al Ayuntamiento de Castril hacer una obra que cuesta 1.200.000 euros por solo 360.000.



La empresa Vasca AFG Internacional Comoditties se habría ofrecido, supuestamente, al Ayuntamiento de Castril para realizar la obra de sustitución de la tubería que abastece de agua potable al municipio- cuyo coste estimado estaría en 1.200.000 euros por solo 360.000.

La empresa se comprometía a la financiación total de las obras y la ejecución de las mismas, y la única condición es que el Ayuntamiento de Castril tendría que devolver el 30 %, de la obra, es decir, 360.000 euros en un plazo de 10 años (a razón de 36.000 euros anuales).

La propuesta auspiciada por Izquierda Unida fue llevada a un pleno extraordinario  por el ex alcalde Miguel Pérez Jiménez sin aportar apenas documentación y sin el correspondiente informe jurídico de la secretaría del Ayuntamiento castrileño, basándose en la imperiosa necesidad que existe para cambiar lo antes posible la tubería por la que se abastece de agua el municipio  que es de fibrocemento, un material desechado y prohibido hace años por ser un material altamente cancerígeno según reconoce la Organización Mundial de la Salud.

La propuesta de la empresa AFG y las condiciones expuestas, fueron sometidas a debate y aunque ningún grupo cuestionó lo ventajoso que sería para Castril la sustitución de la conducción y su ventajosa oferta económica. El grupo municipal socialista  sí planteó la necesidad de contar con todos los informes preceptivos, incluido el jurídico que no se aportaron  en la sesión extraordinaria del pleno municipal.

El alcalde, Miguel Pérez Jiménez, respondió que en estos momentos no se disponía de toda la documentación necesaria para la firma del convenio que se va a suscribir con la empresa y el PSOE replicó  que para que dicho convenio se firme y poder apoyar el proyecto necesariamente tendrá que estar  toda la documentación y haberse despejado cualquier duda.

No obstante el alcalde insistió en que se votara el acuerdo que fue aprobado con su voto calidad  tras producirse un empate a cuatro votos. Votaron a favor los dos concejales de Nuevo Castril y la concejal de Izquierda Unida y un concejal de Partido Popular. El PSOE voto en contra y no asistió al pleno la concejal del Grupo Independiente de Castril y un concejal del PP.


En líneas generales, la empresa AFG se proponía financiar el 100 %  de las obras, presupuestadas en 1.200.000 euros, ejecutando la obra y con el compromiso del Ayuntamiento de reembolsarle el 30%  de lo presupuestado en el plazo de 10 años. La nueva tubería, de material homologado, discurriría sin modificaciones sustanciales según el trazado previsto para el proyecto original realizado por la Agencia Andaluza del Agua, económicamente mucho más caro, pero con todas las garantías legales y medio ambientales. 

Aparentemente el alcalde de Castril e Izquierda Unida habían encontrado un autentico chollo para solventar un grave problema que afecta al municipio de Castril que destina cada año unos 180.000 anuales para reparar la tubería y el bombeo al depósito de distribución desde la Fuente de Tubos, cantidad que según afirma Miguel Pérez Jiménez el Ayuntamiento no puede asumir.

Un chollo

Que una empresa oferte realizar una obra que vale varios millones de euros, en solo 1.200.000 euros y que además te perdone 800.000 euros y el resto 360.000 que sería la cantidad a pagar por el Ayuntamiento, se hiciera  a razón de 36.000 euros anuales durante 10 años, es para pararse a pensar. La oferta era  tan buena para el Ayuntamiento que resultaba altamente sospechosa.

Tan sospechosa era que recibí amenazas para que no se descubriera, como esta que fue la primera.





En medio de todo esto, recibí un correo del verdadero dueño de la empresa en cuestión y me aclaraba que todo era una estafa en la que IU y Miguel Pérez picarón.



¿Para cuando darán Izquierda Unida y Miguel Pérez una necesaria explicación?