viernes, 27 de marzo de 2015

DONDE DIJE DIGO........

Hoy hemos celebrado un Pleno Ordinario al efecto convocado, y hemos asistido a un nuevo sainete disparatado, que, por descontado, el ex alcalde Miguel Pérez ha protagonizado.

Todo a cuenta de la aprobación del acta del último Pleno celebrado, en el que se trató, y fue aprobado, el punto del orden del día en el que se concedía la prórroga en la concesión del camping municipal que los actuales gestores habían solicitado.

El ex Alcalde citado, un Miguel Pérez, si cabe, aun más desquiciado, pretendía cambiar el sentido de su voto con un argumento descabellado. Al parecer, según ha argumentado, todo lo ocurrido en el Pleno mencionado, obedecía a un maquiavélico plan que yo habría diseñado.

La Secretaria del Ayuntamiento le ha contestado, con una dureza que hasta la fecha nunca había usado, y con argumentos ha desmontado la ida de olla que el ex Alcalde había planteado.


Miguel Pérez, desencajado,  quería desdecirse de su voto afirmativo con el que la concesión se ha ampliado, pero lo que ha quedado evidenciado que Miguel Pérez votó a favor del acuerdo de Pleno por el que la ampliación de la concesión del Camping se ha ampliado.       



      

martes, 3 de marzo de 2015

OTRA.

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN UNICO DE HUESCAR ACUERDA EL ARCHIVO DE OTRA DE LAS DENUNCIAS QUE IZQUIERDA UNIDA Y NUEVO CASTRIL INTERPUSIERON EN LA FISCALÍA CONTRA EL EX ALCALDE DE CASTRIL, JOSÉ JUAN LÓPEZ RÓDENAS.   




El pasado 25 de Febrero el Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Huéscar acordó el sobreseimiento y archivo de la causa abierta contra el ex Alcalde de Castril, el socialista José Juan López Ródenas, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. Si bien, las acusaciones particulares pueden presentar recursos contra este archivo, como vienen haciendo hasta la fecha con los anteriores autos de archivo dictados por el Juzgado de Huéscar.    

Tras las diligencias previas llevadas a cabo por el Juez de Huéscar y de todo lo actuado no se ha apreciado irregularidad alguna cometida por el ex Alcalde castrileño.

La denuncia estaba basada en las conclusiones del informe de la controvertida “auditoría”, que recogía que el gasto en “taxis” entre el 1 de enero de 2008 y el 11 de junio de 2011 ascendía a la cantidad total de 47.246.99 euros, lo que suponía un supuesto gasto medio de 13.500 euros anuales en taxis por parte del ex Alcalde socialista.  Sin embargo, tras las diligencias previas, las declaraciones de los testigos citados y con la documentación aportada por el Ayuntamiento de Castril, ha quedado acreditado que tal acusación era falsa y que los gastos atribuidos al Ex Alcalde en exclusiva,  eran en realidad del montante total de la partida presupuestaria habilitada para todos los viajes y transportes sufragados por el Ayuntamiento, que, además de los viajes del ex Alcalde,  incluía los desplazamientos de otros concejales, empleados municipales, de diversas asociaciones, ya sean culturales o de mujeres o de los servicios sociales.  Así mismo quedó acreditado que los viajes realizados por el ex Alcalde eran en representación del Ayuntamiento y en ningún caso a título personal o privado.

Conviene recordar que cada vez que un Alcalde, un Concejal o un empleado público, realizan un viaje para desarrollar alguna gestión municipal cobran una dieta de desplazamiento pagada por la administración, en este caso por el Ayuntamiento. Todos los castrileños y castrileñas saben que el ex Alcalde socialista no tiene vehículo propio y que siempre se ha desplazado en transporte público, como era el del taxista local señalado, pero nunca ha presentado dietas por desplazamiento, ni las ha cobrado, simplemente se han pagado, entre otros muchos de los antes citados, los gastos en desplazamiento del ex Alcalde, por la misma cantidad que el mismo hubiera cobrado por kilometraje si tuviera coche propio y lo hubiera utilizado para sus desplazamientos.

A juicio del ex Alcalde de Castril, José Juan López, esta y las otras denuncias presentadas, no habrían tenido recorrido alguno si se hubiera tenido en cuenta que todas ellas se basan en una impostura, en una supuesta auditoría contratada al efecto por los denunciantes, ilegal, irregular, parcial e interesada en sus conclusiones.
  


No en vano la presunta “auditoría” que ha servido de base a la Fiscalía para redactar su denuncia contra el ex Alcalde de Castril, José Juan López, no era más que un informe resumido que enumeraba unas supuestas irregularidades, sin documentación que sustentara tales acusaciones y, lo más grave, sin haber sido validado por la Interventora del Ayuntamiento.

Por eso, el Ayuntamiento de Castril, gobernado por el Partido Popular abrió un expediente sancionador a la empresa Auditores Andaluces S.L, autores de la “auditoría” que sirvió de base para que el ex Alcalde Miguel Pérez Jiménez y la Concejala de IU Alicia López Moreno interpusieran varias denuncias contra José Juan López Ródenas, ex Alcalde socialista de Castril.

El Ayuntamiento castrileño concluyó dicho expediente sancionador con la imposición de una multa y el rechazo a dicha auditoría, al considerar que además de haberse incumplido el contrato entre la empresa Auditores Andaluces S.L. y el Ayuntamiento, se han producido daños y perjuicios al Consistorio  por el incumplimiento del contrato y los gastos que ha ocasionado la falta de aportación de documentos que sustenten las acusaciones que generaron la apertura de diligencias en la Fiscalía de Granada y en el Juzgado de Huéscar.

El nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Castril que sustituyó a Miguel Pérez al frente de la Alcaldía de Castril mantiene que a su llegada se encontró con facturas de la empresa auditora presentadas por un trabajo profesional no realizado, encargado dos años antes por el ex Alcalde Miguel Pérez y la Concejal de IU Alicia López, encontrándose el Ayuntamiento imposibilitado para fiscalizar el material de trabajo, sometido a indefensión al haberse aperturado unas diligencias previas de investigación en la Fiscalía, para lo que el Ayuntamiento ha tenido que reconstruir sin criterio unas evidencias denunciadas sobre las que los auditores no han aportado pruebas.     
 
Al contrario de los manifestado por el ex Alcalde de Castril, Miguel Pérez Jiménez y por la Concejala de IU, Alicia López Moreno, el documento presentado por la empresa Auditores Andaluces S.L y que les sirvió para interponer varias denuncias ente la Fiscalía contra José Juan López, dicho informe no era sino una relación de indicios y suposiciones sin sustento documental. En este sentido el Ayuntamiento de Castril recuerda que la práctica habitual de trabajo en estudios de auditorías que se desarrollan en Entidades Locales y también en entidades de derecho privado, sostiene que las conclusiones que se aportan deben estar soportadas en evidencias precisas sobre las que fundamentar suficientemente las afirmaciones que se manifiestan, cosa que en el caso de la “auditoría” citada no ha ocurrido.

Es requisito y parte del propio contrato el aportar cuanta documentación haya sido empleada para la confección del dossier presentado, cosa que el Ayuntamiento de Castril requirió a la empresa Auditores Andaluces S.L.  sin resultados.

Por si fueran pocas las vulneraciones, especialmente en su Código Ético, en que la empresa Auditores Andaluces S.L. incurrió en este asunto, cabe destacar que el trabajo de “campo” fue llevado a cabo por un “auditor” que formaba parte de la candidatura electoral del ex Alcalde Miguel Pérez Jiménez, que además fue el responsable de la filtraciones que se llevaron a cabo a los medios de comunicación contraviniendo los principales principios del Código Ético.



En la Junta de Gobierno del 16 de mayo de 2013, la Secretaria Interventora del Ayuntamiento de Castril, avisó al Alcalde y al resto de los componentes de su Equipo de Gobierno que los trabajos y conclusiones derivados de una auditoría realizada por una empresa privada no tiene efectos jurídicos ni validez por sí misma si no se avalan por quien ostenta la titularidad del control interno del Ayuntamiento, es decir de la Secretaría Intervención, cosa que en el caso que nos ocupa no había sucedido. A pesar de tener conocimiento de este extremo, la Concejala de IU, Alicia López, abusando de su interinidad como Alcaldesa presentó la presente denuncia ante la Fiscalía, sustentada en un informe de los auditores sin terminar, ni validar.







jueves, 26 de febrero de 2015

NADA QUE DECLARAR






En la extensa documentación  enviada a la fiscalía se recogía un informe presentado por Miguel Pérez con fecha de 6 de Junio de 2013 en el registro de entrada del Ayuntamiento, redactado por un técnico que no pertenece a la plantilla municipal, con el que se intentaba justificar el gasto y las obligaciones de gasto generados por el arreglo de varios caminos rurales en el municipio castrileño.  



Miguel Pérez Jiménez habría realizado las obras de arreglo de diversos caminos rurales del municipio, ya sea con medios propios, de la Mancomunidad de Municipios, o con distintas empresas, adjudicando las mismas de forma directa, sin tramitar expediente administrativo de contratación o ejecución de los trabajos, sin oferta pública y sin aprobación previa del órgano del gobierno municipal. Iniciando así una actuación que ni siquiera permitía conocer las características de la obra, ya que no existía estudio previo o aproximado del gasto total, ni consignación presupuestaria para llevarla a cabo.

Según el mismo informe municipal «las obras  se hicieron con ausencia total de procedimiento en cuanto a la ejecución, sin informe alguno de secretaría, del servicio de contratación o de la intervención municipal y sin consignación presupuestaria en el momento de realizarse. Miguel Pérez Jiménez prescindió total y absolutamente de todo procedimiento administrativo, siendo perfecto conocedor de la ilegalidad que estaba cometiendo». 

El actual equipo de Gobierno del que en teoría forma parte el propio grupo municipal de Nuevo Castril de Miguel Jiménez detectó numerosas irregularidades y contradicciones en las obras en cuestión, como caminos que no se han arreglado, un desfase de casi 100.000 euros entre el gasto real y lo facturado, así como en diversos pagos de cantidades abultadas sin justificación. 

 Por si lo anterior no fuera poco, una vez revisadas la facturas y albaranes que se aportan en el informe y que están pendientes de pago, se puede comprobar inicialmente la existencia de «irregularidades en muchas de esas facturas o albaranes, que podrían tener una importante repercusión en el cómputo total de la deuda a la que ha de hacer frente el Ayuntamiento, pudiendo existir falsedades en las mismas o incluso posibles actuaciones fraudulentas». 

Llama la atención  la justificación de gastos ocasionados en combustible y que han sido cargados, según consta en el informe, a las obras de arreglo de caminos rurales. «Pero que son en realidad del personal del Ayuntamiento, del servicio de recogida de basura, de mantenimiento, de la Policía Local, del propio ex alcalde o de personas ajenas al Ayuntamiento, sin relación contractual con el mismo».  

O de albaranes que no están firmados por personas autorizadas o identificadas   y de facturas que como en el caso de una presentada por importe de 47.636, euros, los albaranes que se aportan como justificación del trabajo son de abril y mayo de 2012, mientras que la empresa en cuestión no se habría inscrito en el Registro Mercantil hasta el 2013. «El informe redactado a petición del  Ayuntamiento sobre el arreglo real varios caminos parecen haberse inflado los gastos y falseado documentación». 
  

Miguel Pérez Jiménez incurrió  en una secuencia de actuaciones ilegales y no en un simple incumplimiento ocasional de alguna exigencia legal, puesto que se actuó no solo con desentendimiento de todas ellas, sino utilizando un mecanismo no adecuado, actuando con un criterio opaco allí donde el orden jurídico imponía el máximo de objetividad y transparencia. 


De especial gravedad es «la flagrante ilegalidad detectada en el pago por adelantado autorizado por el ex alcalde Miguel Pérez Jiménez a una empresa del municipio, por un importe de 6.844 euros, a pesar de los reparos de la secretaría interventora, del voto en contra de la Junta de Gobierno Local y, sobre todo, cuando dicha empresa no ha realizado ningún trabajo para el Ayuntamiento».

Lo que dice la Fiscalía en el auto de denuncia es demoledor.





Y como Miguel Pérez, el justiciero de honestidad sin par, no tiene nada que ocultar, interrogado por el Juez, se negó a declarar. 

CHOLLO.

A pesar del tiempo que ya ha pasado nadie nos ha explicado lo que habrá pasado con lo de aquella misteriosa empresa que ofertó al Ayuntamiento de Castril hacer una obra que cuesta 1.200.000 euros por solo 360.000.



La empresa Vasca AFG Internacional Comoditties se habría ofrecido, supuestamente, al Ayuntamiento de Castril para realizar la obra de sustitución de la tubería que abastece de agua potable al municipio- cuyo coste estimado estaría en 1.200.000 euros por solo 360.000.

La empresa se comprometía a la financiación total de las obras y la ejecución de las mismas, y la única condición es que el Ayuntamiento de Castril tendría que devolver el 30 %, de la obra, es decir, 360.000 euros en un plazo de 10 años (a razón de 36.000 euros anuales).

La propuesta auspiciada por Izquierda Unida fue llevada a un pleno extraordinario  por el ex alcalde Miguel Pérez Jiménez sin aportar apenas documentación y sin el correspondiente informe jurídico de la secretaría del Ayuntamiento castrileño, basándose en la imperiosa necesidad que existe para cambiar lo antes posible la tubería por la que se abastece de agua el municipio  que es de fibrocemento, un material desechado y prohibido hace años por ser un material altamente cancerígeno según reconoce la Organización Mundial de la Salud.

La propuesta de la empresa AFG y las condiciones expuestas, fueron sometidas a debate y aunque ningún grupo cuestionó lo ventajoso que sería para Castril la sustitución de la conducción y su ventajosa oferta económica. El grupo municipal socialista  sí planteó la necesidad de contar con todos los informes preceptivos, incluido el jurídico que no se aportaron  en la sesión extraordinaria del pleno municipal.

El alcalde, Miguel Pérez Jiménez, respondió que en estos momentos no se disponía de toda la documentación necesaria para la firma del convenio que se va a suscribir con la empresa y el PSOE replicó  que para que dicho convenio se firme y poder apoyar el proyecto necesariamente tendrá que estar  toda la documentación y haberse despejado cualquier duda.

No obstante el alcalde insistió en que se votara el acuerdo que fue aprobado con su voto calidad  tras producirse un empate a cuatro votos. Votaron a favor los dos concejales de Nuevo Castril y la concejal de Izquierda Unida y un concejal de Partido Popular. El PSOE voto en contra y no asistió al pleno la concejal del Grupo Independiente de Castril y un concejal del PP.


En líneas generales, la empresa AFG se proponía financiar el 100 %  de las obras, presupuestadas en 1.200.000 euros, ejecutando la obra y con el compromiso del Ayuntamiento de reembolsarle el 30%  de lo presupuestado en el plazo de 10 años. La nueva tubería, de material homologado, discurriría sin modificaciones sustanciales según el trazado previsto para el proyecto original realizado por la Agencia Andaluza del Agua, económicamente mucho más caro, pero con todas las garantías legales y medio ambientales. 

Aparentemente el alcalde de Castril e Izquierda Unida habían encontrado un autentico chollo para solventar un grave problema que afecta al municipio de Castril que destina cada año unos 180.000 anuales para reparar la tubería y el bombeo al depósito de distribución desde la Fuente de Tubos, cantidad que según afirma Miguel Pérez Jiménez el Ayuntamiento no puede asumir.

Un chollo

Que una empresa oferte realizar una obra que vale varios millones de euros, en solo 1.200.000 euros y que además te perdone 800.000 euros y el resto 360.000 que sería la cantidad a pagar por el Ayuntamiento, se hiciera  a razón de 36.000 euros anuales durante 10 años, es para pararse a pensar. La oferta era  tan buena para el Ayuntamiento que resultaba altamente sospechosa.

Tan sospechosa era que recibí amenazas para que no se descubriera, como esta que fue la primera.





En medio de todo esto, recibí un correo del verdadero dueño de la empresa en cuestión y me aclaraba que todo era una estafa en la que IU y Miguel Pérez picarón.



¿Para cuando darán Izquierda Unida y Miguel Pérez una necesaria explicación?

28 F.






Andalucía se dispone a celebrar un nuevo Día de Andalucía y lo hace conmemorando el 35 aniversario del referéndum del 28 de febrero de 1980, momento en el que el pueblo andaluz manifestó de manera rotunda su anhelo por alcanzar la autonomía plena así como amplios poderes legislativos, ejecutivos y judiciales en igualdad de condiciones con las llamadas nacionalidades históricas. 

Este año, por tanto, la celebración del día de nuestra comunidad autónoma posee un simbolismo especial pues hace 35 años que las andaluzas y los andaluces apostaron por cambiar la historia de nuestra tierra. 

Un cambio sereno y solidario con el que todos hemos ganado y que ha propiciado el desarrollo en igualdad y sin discriminaciones de toda España. 35 años que marcan la transición entre los siglos XX y XXI y que suponen el tránsito entre dos Andalucías, aquella lastrada por el subdesarrollo y la actual tierra de oportunidades y de igualdad. 

Andalucía ha crecido durante todo este tiempo y los efectos de la prolongada crisis económica mundial no impiden calibrar la magnitud de esta evolución, que ha acercado los índices socioeconómicos andaluces a los niveles del resto de España. 

Un ejemplo de esta progresión lo encontramos en la educación, verdadero motor de cambio de cualquier sociedad. Andalucía ha pasado de contar con 90.000 estudiantes en la universidad en los años ochenta a más de 230.000 en la actualidad. Además, este avance en los niveles educativos también se ha transversalizado, ganándose en igualdad entre mujeres y hombres pues si aquellas representaban entonces tan sólo el 3,21% de la población andaluza mayor de 16 años con estudios superiores, hoy suponen el 21,62% de nuestra sociedad, dato similar al registrado en comunidades autónomas que partían desde una mejor posición. 

Estos avances en igualdad en el ámbito educativo se han alcanzado, por tanto, con una mayor velocidad que en otros territorios del país, reflejándose además en el mercado laboral pues si en 1980 la diferencia en la tasa de empleo de los andaluces sobre las andaluzas era de 44 puntos, hoy esta diferencia se ha acortado a menos de 10 puntos, relación porcentual similar a la registrada en el conjunto de España.  

Pero estos avances no pueden observarse como un punto de llegada sino como un estímulo para seguir trabajando por una Andalucía que continúe siendo ejemplo de sociedad inclusiva donde la igualdad de oportunidades constituye el mejor instrumento para eliminar las diferencias sociales y económicas. Pese al salto dado en este tiempo, persiste un problema como la alta tasa de paro al que debemos dar respuesta poniendo todos los recursos al servicio de la creación de empleo.
Andalucía ya ha demostrado que el sostenimiento del estado del bienestar es una necesidad de nuestra sociedad que es compatible con el cumplimiento de las exigencias legales en materia de déficit y de estabilidad presupuestaria, no siendo admisible que estas exigencias puedan llegar a desmantelar el Estado social, una seña de identidad asociada a los logros de la España que nace con la Constitución de 1978. Sin embargo, observamos con preocupación cómo en nuestro país la desigualdad avanza más que en el resto de la Unión Europea.

Para Andalucía, la defensa del Estado social no es más que la defensa de las personas, una premisa que guía la gestión de la comunidad autónoma. Por eso, en nuestra tierra se atiende al 22% de personas dependientes de España, cuatro puntos por encima de su peso en el conjunto de la población española, y se ofrece el 35% de la ayuda a domicilio que se presta en el país o el 45% de la teleasistencia. 

Y en esta atención a las personas más desfavorecidas, Andalucía reclama y asume el protagonismo de lo público como elemento fundamental de eliminación de desequilibrios y de impulso de la igualdad en todos los ámbitos de la vida. 

Por estas razones Andalucía hoy, 35 años después de alzar su voz manifestando el ansía de libertad y la necesidad de acceder a la plena autonomía, sigue teniendo mucho que decir y continúa siendo el fiel de la balanza del desarrollo armónico de España.

Hoy como hace 35 años acechan los mismos peligros para el equilibrio de nuestro país. Continúan las tensiones entre los que plantean la quiebra de la igualdad desde el soberanismo o desde la vuelta al centralismo.

Andalucía siempre será garante del equilibrio en nuestro país. Ejemplo de ello es el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007, que ahora cumple 8 años, y que enseñó el camino de cómo compatibilizar mayores niveles de autogobierno con el encaje de Andalucía en una España positiva, atractiva y que garantice la igualdad de todas las personas independientemente del lugar en el que vivan.


Con este largo recorrido ya trazado, Andalucía sigue mirando al futuro. Un futuro de progreso e igualdad que, como ocurrió hace 35 años, se labrará con el esfuerzo de cada andaluza y de cada andaluz y que constituirá nuestra fuerza para las próximas décadas.   

martes, 24 de febrero de 2015

8 DE MARZO.





Conmemoramos  el  8  de  marzo  de  2015  como  Día  Internacional  de  las  Mujeres,  con  el tradicional carácter festivo y al mismo tiempo reivindicativo que esta jornada supone. Aunque este año, lamentablemente, tenemos poco que celebrar. El Gobierno de Mariano Rajoy ha usado la crisis económica como excusa para desmantelar las políticas de igualdad. A lo largo de la legislatura, Rajoy ha gobernado en contra de las mujeres hasta el punto que podemos asegurar que ésta ha sido la legislatura de la desigualdad.

La ofensiva del gobierno de Rajoy contra las mujeres se ha desarrollado en cuatro frentes. A la desaparición de organismos y políticas específicas en igualdad, hay que sumarle los recortes presupuestarios, las reformas consideradas como "neutras" (reforma laboral, reducción de puestos de trabajo en el sector público, adelgazamiento del estado del bienestar o desmantelamiento de los servicios públicos esenciales) y las reformas ideológicas (ley de educación, anteproyecto de corresponsabilidad parental, reforma del Código Penal o anteproyecto de modificación de la ley del aborto –retirado pero no así la amenaza de modificación  de  la  actual  ley  en  vigor  ni  el  recuerdo  de  anticonstitucionalidad‐)  que  en conjunto, suponen un enorme retroceso en derechos de ciudadanía de las mujeres.

La disminución de la partida para Igualdad en los Presupuestos Generales del Estado ha sido una constante. Desde que gobierna el PP, se ha recortado un 33 por ciento en general y un 22 por ciento los presupuestos en la lucha contra la violencia de género.

En esta legislatura, España ha caído 19 puestos en el informe sobre la brecha de género que realiza cada año el Foro Económico Mundial. En 2007, España estaba en el número 10. La peor nota la obtiene en oportunidades económicas donde ocupa el puesto 84. En esta área, que tiene en cuenta la igualdad salarial, España ha perdido ocho puestos solo en el último año.

Datos   que   evidencian   las   consecuencias   de   la   combinación   de   las   políticas   del   PP, especialmente  la  reforma  laboral,  con  los  recortes  en  servicios  sociales  y  cuya  primera consecuencia es que están expulsando a las mujeres del mercado de trabajo: en esta legislatura se han perdido 162.000 empleos femeninos.

El número de mujeres desempleadas se ha incrementado en 204.400 y la tasa de paro se ha situado en torno al 25 por ciento llegando a alcanzar en 2013 máximos históricos próximos al 27 por ciento.

Por primera vez en 40 años está cayendo la población activa femenina y la tasa de actividad en 2014 descendió hasta el 53,9 por ciento. Hay 43.000 mujeres activas menos que a finales de 2011. De hecho, España se encuentra entre los países con menos mujeres empleadas: solo el 54,7 por ciento de la población femenina entre 20 y 64 años trabajaba en el segundo trimestre de 2014, lo que significa 9 puntos menos que la media europea y supone una gran diferencia con el 74 por ciento que establece el objetivo Europa 2020.

Desde que gobierna el PP, las mujeres paradas de muy larga duración (más de dos años) han aumentado en 462.000 y representan el 42,8 por ciento del total. Datos que confirman las mayores dificultades que tienen las mujeres para encontrar trabajo.

Además de trabajar menos, el Partido Popular ha precarizado la situación laboral de las mujeres que tienen empleo: el 74 por ciento de las personas ocupadas a tiempo parcial son mujeres y en lo que llevamos de legislatura se han perdido 392.000 empleos a tiempo completo. Eso significa que en el cuarto trimestre de 2014, más de dos millones de mujeres trabajaban a tiempo parcial frente a 730.000 hombres.

Desde que gobierna el PP se ha intensificado la destrucción de empleo femenino indefinido: 50.600 empleos indefinidos menos. En el cuarto trimestre de 2014 el 24,6 por ciento de las mujeres trabajaba con contratos temporales, superando en 8 décimas la tasa de temporalidad masculina.

La devaluación salarial del gobierno del PP también ha tenido mayor efecto sobre las mujeres.

Así, la brecha salarial ha llegado a alcanzar el 24 por ciento en esta legislatura. Una brecha que aumenta especialmente en la edad de jubilación, pasando del 24 por ciento a un 39 por ciento. A 1 de enero de 2015, la pensión media de los hombres era de 1.178 euros al mes frente a 723 euros al mes de la pensión media de las mujeres.

Junto a la expulsión de las mujeres del mercado laboral, la precarización de las condiciones laborales de quienes tienen empleo y el aumento de la brecha salarial, el Partido Popular no ha realizado ningún tipo de políticas de conciliación ni ha aumentado el permiso de baja por paternidad. En 2013, el 95 por ciento de las excedencias por cuidado de hijos correspondía a mujeres y por cuidados de familiares más del 85 por ciento.

Frente a un gobierno que ha hecho recaer sobre los hombros de las mujeres la parte más dura de la crisis y el deterioro del mercado laboral, desde el PSOE apostamos por la paridad, por la corresponsabilidad, por eliminar la brecha salarial, el déficit en el empleo de las mujeres y la precarización de sus vidas. Apostamos por combatir la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, por defender los derechos sexuales y reproductivos y especialmente, por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Con el objetivo de recuperar el empleo de las mujeres y avanzar en la corresponsabilidad y el reparto de las tareas de cuidados, el PSOE impulsará una Ley de igualdad salarial y una Ley de usos del tiempo que garanticen la idea de “Cobrar lo mismo y cuidar lo mismo”, es decir, eliminar las barreras para el empleo de las mujeres, las diferencias salariales y la rémora histórica de que las mujeres se responsabilicen casi en solitario de los cuidados. Se calcula que en  España,  por  cada  100  horas  de  trabajo  remunerado  se  realizan  127  de  trabajo  no remunerado que recaen mayoritariamente en las mujeres.

Este 8 de marzo, las mujeres y los hombres socialistas acompañaremos a las organizaciones sociales y feministas en las movilizaciones en defensa de los derechos y la libertad de las mujeres que se celebrarán en todo el territorio. Un año más, reiteramos nuestro compromiso en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, a las instituciones y a las organizaciones para que se sumen a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.
Ante el aumento de la desigualdad en los últimos años, el desmantelamiento de las políticas de Igualdad, el deterioro del mercado laboral y los sucesivos recortes del estado del bienestar, el PSOE de Castril propondrá al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de la siguiente declaración institucional este día 8 de marzo en la que insta al Gobierno del Estado a:

• Reponer todos los recursos recortados en políticas de igualdad y en la lucha contra la violencia de género.

• Reforzar la prevención en violencia de género y hacer especial hincapié en evitar la violencia en la juventud.

• Reponer los organismos y políticas específicas de igualdad desmanteladas

• Derogar la Reforma Laboral

• Derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

• Retirada del Anteproyecto de Corresponsabilidad Parental


• Mantenimiento  de  la  Ley  actual  de  Salud  Sexual  y  Reproductiva  e  Interrupción Voluntaria del Embarazo (en todos sus términos, incluida la regulación para las menores de edad) y hacer el desarrollo del articulado relativo a la Salud Sexual. 

jueves, 5 de febrero de 2015

UNOS SI, OTROS NO.



La Diputación Provincial pone a disposición de la Guardia Civil las instalaciones del cuartel de Armilla, mientras las de Castril se cierran por falta de fondos para arreglar sus instalaciones.

El presidente de la Diputación Provincial de Granada, Sebastián Pérez, ha visitado el cuartel de la Guardia Civil de Armilla cuyo edificio, en el complejo La Cerraca, dispondrán de unos 1.450 metros cuadrados construidos, totalmente equipados. 

El presupuesto global de este proyecto, promovido por la Institución Provincial en el marco del convenio firmado con el Ministerio del Interior para la reforma de los acuartelamientos de la Benemérita en la provincia, se ha cuantificado en 650.000 euros, de los que 550.000 euros corren a cargo de la Diputación y 100.000 de la Guardia Civil. La inversión total que ha supuesto el convenio se calcula en torno a los 1,5 millones de euros.

En este proyecto, la aportación de la Diputación Provincial ha ido destinada íntegramente a la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Armilla, que fue la demanda prioritaria de la Comandancia de Granada. Dicho proyecto ha sido redactado en su totalidad por la Diputación de Granada conjuntamente con los servicios técnicos de la Dirección General de la Guardia Civil y de la Comandancia de Granada.

El presidente de la Diputación Provincial, Sebastián Pérez, ha resaltado la necesidad que tenía la Comandancia en Armilla de “un lugar digno y que proyectara todas las excelencias en materia de seguridad ciudadana” de la Guardia Civil. El presidente se ha congratulado también de que la Diputación de Granada haya puesto en marcha un “proyecto pionero” como fue el convenio que partió de la base de que “muy pocas provincias tienen las características geográficas de Granada, la más grande en municipios de Andalucía” con 452 anejos y miles de cortijadas. 

“Ahí lleva 169 años la Guardia Civil velando por algo esencial para nuestra libertad y nuestra democracia como es la seguridad”, ha explicado Sebastián Pérez que ha recordado que dicho convenio es hoy un “modelo referente en muchas diputaciones provinciales de toda España”.

En Granada, y gracias a proyectos como el de Armilla, dijo el Presidente de la Diputación, “hoy no se puede entender la Guardia Civil sin la Diputación, ni la Diputación sin la Guardia Civil”. Pero se ha olvidado de Castril, como si no existiéramos o no necesitáramos a la Benemérita.  





domingo, 1 de febrero de 2015

CARRETERA, LA QUE SE ARREGLARÍA PRIMERA.




El bloguero no se entera y vuelve  anunciar el arreglo de la famosa carretera, aquella que el Guarda prometiera, nada más ser nombrado Alcalde, que arreglaría la primera.

Él, tan listillo, se ha percatado de que las obras que salen a concurso son de la carretera antigua a su paso por debajo del pantano del Portillo.

En Junio de 2013, Paquito anunciaba que el Presidente de la CHG les informaba de la susodicha carretera, con un presupuesto de 240.000 euros, sería arreglada, gracias a Miguel Pérez y a la Concejala ilustrada, pero al final, nada de nada.

El proyecto, según lo publicado, ya se habría redactado. Pero eso no quería decir, por descontado, que las obras fueran a empezar de inmediato, como de hecho ha pasado.

Pero esta no es la primera vez que el bloguero se ha columpiado, ya en abril de 2012 nos había anunciado que la CHG había iniciado el arreglo de la carretera hasta Campo Cebas que sigue hoy día,  en el mismo pésimo estado.
Cuando fue entrevistado para hacer balance de los cien primeros días de gobierno local tras el pacto cuatripartito alcanzado,  Miguel Pérez se mostraba encantado respecto al arreglo de la carretera que hemos citado, nos informaba entonces emocionado que había contactado con el presidente provincial de la CHG, Luis Fernández, y les había reconfortado con el compromiso de que intentarían echarnos una mano a lo largo de esta legislatura que casi ha terminado sin que nada de lo prometido se haya consumado.

Y como por entonces ya andaba sobrado, en esa misma entrevista que el bloguero le había preparado, Miguel Pérez había anunciado que  las obras en la presa del Portillo ya  se habían  iniciado, dejando puntualizado que aquellas obras se habían focalizado  justo donde se producen habitualmente desprendimientos y el terreno suele estar anegado, con lo que, según aquel Alcalde lenguaraz y alocado, se  pretendía y se habría logrado dar una solución definitiva a ese problema enquistado. Por entonces dejó sentenciado que todo quedaría solucionado en breve, en unos meses lo había calculado. Tras los tres años que ya han pasado y en vistas del resultado, alguien tendría que explicar cuánto dinero se gastó entonces según lo presupuestado, a qué empresa se le fue encomendado el trabajo anunciado y, si es que se hizo, por que fue tan malo el resultado.


Tras casi cuatro años de un proyecto malogrado, nada de lo prometido se ha materializado, algo normal y cantado cuando el único fin y motivo por el que habían pactado era para echarme a un lado y buscarme la ruina para dejarme hundido y humillado, aderezado todo con  un odio personal desaforado, como bien han demostrado con el sin fin de denuncias falsas que me han endilgado para que sea alimentado el  ánimo de venganza que todavía no han saciado. 

ADIÓS A LA BENEMÉRITA !!





El Cuartel de la Guardia Civil de Castril ya está cerrado, al menos los agentes que ocupaban sus instalaciones ya se están llevando sus enseres y se marchan a vivir a otros pueblos, sobre todo a Huéscar, que es a dónde parece que se llevan a los Guardias.

Bochornoso, es bochornoso que no se haya hecho nada desde el Ayuntamiento para evitar esta desgracia, lamentable que no se haya informado a la población y curioso que esto pase con un Capitán de la Guardia Civil nacido en Castril y que está al frente de la Benemérita en la zona de Baza, al que habrá que felicitar por tan “buen” servicio a los castrileños.

Ahora pretenden esconder este bochorno anunciando la apertura de una oficina de atención al público en un local municipal y me imagino que con los gastos pagados por el Ayuntamiento. Esa no es la solución, es un parche que durara mientras la gente se olvida del tema.


Hace más de un año que veníamos anunciando lo que finalmente ha pasado y el Alcalde ha hecho caso omiso. Sirva como muestra el acta del último Pleno en la que a una pregunta del PSOE contestaba esto, eso además de no dejarme hablar para que no pudiera explicar la verdad del asunto.  


Y encima el Alcalde popular me acusaba en IDEAL de que, “lejos de valorar positivamente la buena labor y gestión que está ejerciendo el actual equipo de gobierno del PP en el municipio (toma ya!!!!!!), “lance una cortina de humo intentado crear malestar y una situación de alerta social al mentir a los vecinos con el supuesto cierre del cuartel”. 

¿Cortina de humo, alerta social, mentira a los vecinos?  Sea como fuere el Cuartel se ha cerrado para siempre.


http://baza.ideal.es/comarca/3797-el-ayuntamiento-garantiza-los-servicios-de-la-guardia-civil-en-castril.html